Es una piedra angular fundamental de la libertad personal en Estados Unidos que, de acuerdo con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU., "No se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables".

Y no es sólo para los ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que ciertos derechos se aplican a todos los que viven en Estados Unidos, hayan nacido en el país, estén naturalizados o no.

De hecho, los inmigrantes que están en el país ilegalmente tienen derechos específicos en virtud de la Constitución -- entre ellos, los descritos en la Cuarta Enmienda, así como el acceso al debido proceso y a la asistencia legal --, lo que plantea una serie de cuestiones jurídicas y morales en relación con un programa de deportación masiva propuesto por el candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald J. Trump.

En el sitio web de la campaña de Trump, el segundo punto enumerado entre "las 20 promesas principales del presidente Trump para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" dice: "Llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos".

Trump repitió esa promesa el 18 de julio en la Convención Nacional Republicana -- donde los delegados agitaron carteles en los que se leía: "¡Deportación masiva ya!" -- y cobró más fuerza en los mítines de campaña posteriores.

El Catecismo de la Iglesia Católica instruye: "Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen".

Al mismo tiempo, la Iglesia también ha dejado claro que las leyes humanas también están sujetas a límites divinos conocidos por la razón humana. San Juan Pablo II en su encíclica "Veritatis Splendor" ("Esplendor de la verdad") de 1993 y en su encíclica "Evangelium Vitae" ("El Evangelio de la vida") de 1995 -- citando las enseñanzas del Concilio Vaticano II en "Gaudium et Spes" (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual) -- ha citado la condena de las "deportaciones" entre otros actos específicos como ofensivos para la dignidad humana que "son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador". El difunto pontífice subrayó su gravedad moral en "Veritatis Splendor" calificándolos de ejemplos de "mal intrínseco", explicando que, independientemente de los motivos, estos actos "se configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen".

"Simplemente parece una receta para el caos", comentó Erin Corcoran, profesora asociada y directora ejecutiva del Instituto Kroc de Estudios para la Paz Internacional de la Universidad de Notre Dame, en Indiana.

"Incluso en el contexto de la inmigración -- que no es penal, es civil -- la Corte Suprema ha sostenido en repetidas ocasiones que los no ciudadanos tienen derecho al debido proceso procesal, que están constitucionalmente garantizados", dijo Corcoran a OSV News. "Así que acorralar sumariamente a la gente y deportarlos sin ningún tipo de proceso va en contra de eso".

Nelson Camilo Sánchez -- profesor asociado de derecho y director del Programa de Inmigración, Migración y Derechos Humanos de la Universidad de Virginia -- estuvo de acuerdo, prediciendo impactos sobre los individuos, las familias, las comunidades y el país.

"Cuando se tiene una política que es masiva -- y que no tiene en cuenta las especificidades de cada caso -- lo que se pone en peligro es el debido proceso, el trato humano, el acceso a la representación legal", explicó Sánchez.

La elaboración de perfiles raciales, señaló, también es un peligro que podría atrapar a los ciudadanos.

"Las autoridades policiales... tendrán que salir a las comunidades y tratar de encontrar a esas personas que formarían parte de una política", observó Sánchez. "Así que eso llevaría a perfiles raciales, detenciones erróneas e incluso -- lo hemos visto en el pasado -- deportaciones erróneas de ciudadanos estadounidenses o residentes legales".

Ya ha ocurrido antes.

Las redadas Palmer, "un miedo rojo" comunista durante 1919-1920, tuvieron como objetivo a inmigrantes italianos y ruso-judíos, mientras que las "repatriaciones" de la década de 1930 obligaron a cerca de un millón de personas de ascendencia mexicana a abandonar el país.

Los mexicanos volvieron a ser objetivo en la década de 1950 con la "Operación Espalda Mojada" de la administración Eisenhower -- que en aquel momento fue la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos --, que expulsó al menos a 1.3 millones de personas. Según relata el sitio web de noticias Axios, "los agentes fronterizos hacían redadas en barrios mexicano-estadounidenses, exigían documentos de identidad a ciudadanos de aspecto mexicano en público, invadían domicilios privados en mitad de la noche y acosaban a negocios propiedad de mexicanos".

Aunque los detalles específicos de la operación de deportación masiva propuesta por Trump -- cuyo costo se estima en 315.000 millones de dólares por el Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización no partidista con sede en Washington que lleva a cabo investigaciones y análisis de políticas de inmigración -- siguen sin darse a conocer, existe un precedente.

"Una cosa que hemos visto que ha sucedido en la anterior administración Trump, es que las fuerzas del orden locales y estatales han sido parte" (de operaciones relacionadas con casos de migraci´´n), señaló Corcoran.

Pero eso no está exento de desafíos.

"Si te han concedido asilo, hay unos 12 documentos diferentes que pueden ser una prueba de que te lo han concedido, dependiendo de en qué momento del proceso haya ocurrido y de qué documento lleves contigo", explicó Corcoran. "Así que la idea de que las fuerzas del orden -- que no conocen nuestro sistema de inmigración -- puedan determinar con precisión quién tiene un estatus válido y quién no, es problemática. Los documentos varían porque los procesos varían".

Según Corcoran, los inmigrantes tampoco serían los únicos motivos de preocupación.

"Hay muchos estadounidenses que no tienen pasaporte ni prueba de ciudadanía. Normalmente no portamos estos documentos. De hecho, no tenemos un documento nacional de identidad", añadió. "No se espera que la gente sea parada por un policía en la calle y presente un documento y demuestre su derecho a estar en la calle. Eso va en contra de nuestros valores".

Sánchez se hizo eco de la misma preocupación.

"Si hay que recurrir a parar a la gente en la calle, eso plantearía cuestiones en torno a los derechos constitucionales: si esas actividades pueden llevarse a cabo o no. Esto llevaría a impugnaciones constitucionales, y a muchos casos judiciales", predijo, "porque es completamente ajeno a la idea de los derechos civiles individuales tal y como los concebimos aquí en este país".

La comunicación con las personas que podrían ser deportadas es otra cuestión a resolver, dijo Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos del Instituto de Política Migratoria, un grupo de reflexión independiente y no partidista de Washington.

"En los últimos años hemos podido ver una diversificación realmente amplia de la procedencia de los inmigrantes", subrayó Gelatt. "Eso siempre ha sido cierto, pero también plantea importantes problemas de acceso lingüístico. Es difícil que la gente ejerza sus derechos si ni siquiera entiende lo que le dice un funcionario".

Pero las iglesias -- que normalmente se han considerado espacios humanitarios libres de incursiones -- podrían ver cuestionado ese estatus.

"En el Proyecto 2025, se pide la eliminación de la Política de Lugares Sensibles del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que actualmente dice que el ICE no debe llevar a cabo controles de inmigración en iglesias, escuelas y hospitales", señaló Gelatt.

El Proyecto 2025 es un documento de 900 páginas diseñado por la Fundación Heritage, con sede en Washington, como plantilla política para el próximo presidente republicano. Aunque Trump ha dicho: "No tengo nada que ver con el Proyecto 2025", numerosos funcionarios que formaron parte del anterior gobierno de Trump participaron en su redacción.

La Heritage Foundation declinó hacer comentarios a OSV News, afirmando que sus expertos no estaban disponibles.

"Lo que realmente nos importa es que vemos seres humanos en cada persona: buscando refugio, asilo; buscando mantener a sus familias juntas para una vida mejor", dijo John Herrera, director de Servicios Legales de Inmigración de Caridades Católicas de Oregón.

"Obviamente, entendemos que cada país y cada estado tiene derecho a asegurar sus propias fronteras. Tienen derecho a proteger a sus propios ciudadanos", dijo. "Pero lo que siempre alineamos con la doctrina social católica es (que) simplemente lo hagamos de una manera que sea humana. Eso es todo lo que pedimos".

El Congreso, sugirió Herrera, tiene un trabajo que hacer, dentro y fuera de un ciclo electoral.

"Lo que realmente hemos estado pidiendo como sociedad, es arreglar el sistema de inmigración. Eso es lo que hay que hacer. Y ese no es el trabajo de una organización como la Iglesia Católica. Es el trabajo del Congreso", dijo Herrera. "El Congreso es el que necesita... arreglar el sistema de inmigración que es tan inoperante -- y está manteniendo separadas a las familias y separándolas".

El 11 de octubre, Trump anunció la "Operación Aurora" en un mitin en la ciudad homónima de Colorado, que, según dijo, está amenazada por la violencia de las pandillas -- algo que su alcalde niega.

"Enviaremos escuadrones de élite del ICE, la Patrulla Fronteriza y agentes de la ley federal para cazar, arrestar y deportar hasta el último miembro de una pandilla de extranjeros ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país", dijo Trump.

"Piensen en eso, 1798. Oh, es una ley poderosa", dijo Trump, refiriéndose a la Ley de Enemigos Extranjeros' (Alien Enemies Act) de 1798. Considerada y confirmada por la Corte Suprema como un estatuto de tiempo de guerra, su uso está, sin embargo, limitado a "siempre que haya una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero".

La ley se invocó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para registrar e internar a la fuerza a ciudadanos alemanes, italianos y japoneses como presuntos "extranjeros enemigos", ya que sus países estaban en guerra con Estados Unidos.

Pero la aplicación del derecho penal, señaló Sánchez, "requiere un análisis caso por caso en lugar de políticas generales basadas en la raza o la nacionalidad del delincuente".

"Mi reacción inicial", dijo Corcoran, "es que el presidente no tiene autoridad para hacer esto unilateralmente".

Por ahora, la Conferencia de los Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB por sus siglas en inglés) se mantiene reservada al respecto.

"No vamos a especular sobre hipotéticas políticas de ningún candidato político", declaró la USCCB a través de su portavoz, Chieko Noguchi. "Al defender la dignidad de la vida, la Iglesia Católica enseña que debemos servir a nuestros hermanos y hermanas necesitados, lo que incluye dar la bienvenida a los migrantes y refugiados", dijo a OSV News.

"Los obispos de Estados Unidos han declarado consistentemente que se necesita una reforma migratoria integral para arreglar, lo que ha sido reconocido por ambos partidos políticos, como un sistema obsoleto", agregó Noguchi, "y la conferencia se comprometerá apropiadamente cuando las políticas públicas sean presentadas por los titulares de los cargos".