Beatrice Cruz, de Arizona, sostiene un cartel en apoyo a la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tras una audiencia sobre el programa DACA, frente al tribunal federal de Houston, el 1 de junio de 2023. Los obispos católicos de Texas afirman que un tribunal federal está a punto de cambiar la presencia legal de 86 000 beneficiarios del programa DACA en Texas a ilegal; esto significa, según ellos, que cualquier persona que tenga el programa DACA o sea elegible para recibirlo tendría que considerar las implicaciones de mudarse a Texas o salir de este estado. (Foto de OSV News/Adrees Latif, Reuters)
AUSTIN, Texas -- Los obispos católicos de Texas emitieron una advertencia sobre los efectos de la próxima aplicación de una orden de un tribunal federal de apelaciones que supondrá la pérdida de las protecciones del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA) para alrededor de 86.000 inmigrantes en el estado.
"Se espera de manera inminente una decisión de un tribunal federal que cambiará" la situación de los beneficiarios del DACA en Texas "cuya presencia ... pasará de ser legal a ilegal", afirmaron en un comunicado emitido el 4 de noviembre por la Conferencia Católica de Obispos de Texas, con sede en Austin, el brazo de la Iglesia encargado de las políticas públicas en el estado.
"Nosotros, los obispos católicos de Texas, nos comprometemos firmemente a responder con compasión y a exigir justicia para aquellos que, sin culpa alguna, se ven ahora obligados a abandonar sus hogares, sus medios de subsistencia y sus comunidades", se lee en el comunicado.
Conocido comúnmente como DACA, el programa ha sido objeto de una batalla legal de siete años en los tribunales federales desde 2018, con numerosas sentencias, apelaciones y modificaciones de su estatus.
El último avance se produjo el 17 de enero de este año, cuando la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos emitió una orden tras revisar una sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas que declaraba ilegal el programa DACA.
"Aunque confirmó en gran parte el fallo del tribunal de primera instancia, el Quinto Circuito redujo el fallo para que se aplicara solo a Texas", según un memorándum del 30 de octubre emitido por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés). "También separó los temas de protección contra la deportación y autorización de empleo. El caso fue devuelto al tribunal de primera instancia para la implementación de la orden del Quinto Circuito, y se espera pronto más orientación del tribunal de distrito".
El caso se encuentra ahora ante el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Andrew Hanen, en Brownsville, Texas, quien determinará cómo aplicar la sentencia del tribunal de apelación.
El 1 de mayo de 2018, Texas, junto con Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia, presentó una demanda ante el tribunal de distrito cuestionando la legalidad del programa. La demanda, Texas contra Estados Unidos, acusaba al entonces presidente Barack Obama y a su administración de conceder ilegal y unilateralmente lo que equivale a la "ciudadanía" a "extranjeros que, de otro modo, se encontrarían en situación irregular" cuando aprobaron el programa DACA en 2012.
Los demandantes argumentaron que los beneficiarios del DACA aumentan los costos estatales en materia de educación, salud y aplicación de la ley; el tribunal de distrito dictaminó que Texas tenía legitimidad para impugnar el programa y que este era ilegal. El Quinto Circuito confirmó que Texas tenía legitimidad para impugnar el programa DACA "basándose en la carga financiera que supone la presencia de los beneficiarios del DACA" y también consideró que el programa era "sustantivamente ilegal".
Puesto en marcha por una orden ejecutiva de Obama, el programa permite la autorización de empleo y la protección temporal contra la deportación a los inmigrantes (comúnmente llamados "soñadores" o "dreamers") traídos a los Estados Unidos por sus padres cuando eran menores de edad sin autorización legal. Las personas que pueden acogerse al programa deben haber llegado antes de los 16 años, haber residido de forma continuada en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 y ser menores de 31 años a fecha de 15 de junio de 2012.
Según la KFF (antes Kaiser Family Foundation), a 30 de septiembre de 2024 había en Estados Unidos unos 538.000 beneficiarios del DACA procedentes de casi 200 países de origen.
Los funcionarios federales propusieron un plan de implementación de la orden del Quinto Circuito el 29 de septiembre, según el memorándum de la USCCB. Las partes tienen previsto celebrar una reunión informativa el 24 de noviembre, y se espera que el tribunal de distrito presente su plan detallado poco después.
Pero más claridad es necesaria, ya que diferentes reportes describen diferentes efectos que podrían llevarse a cabo. Por ejemplo, según The Texas Tribune, los beneficiarios del DACA podrían seguir siendo capaces de encontrar empleo en otros estados. Además, el medio de comunicación también informó de que el juez Hanen revisará un plan del Departamento de Justicia "que permitiría al Gobierno empezar a aceptar nuevas solicitudes del DACA por primera vez en cuatro años", aunque estos solicitantes no podrían solicitar permisos de trabajo en Texas.
Pero, según el plan del gobierno, los beneficiarios del DACA que vivan en Texas y tengan un permiso de trabajo renovable de dos años recibirían un aviso con 15 días de antelación de que se les revoque su permiso de trabajo.
Del mismo modo, según datos de la USCCB, "aquellos con un permiso de trabajo basado en DACA que vivieron en otros estados y se mudaron a Texas recibirían el mismo aviso de 15 días en el futuro. Sin embargo, el tribunal de distrito puede introducir una línea de tiempo diferente para que cualquier cambio entre en vigencia".
En su comunicado en respuesta al plan de implementación de la orden del Quinto Circuito, los obispos de Texas afirmaron que esta orden "socava aún más el derecho humano fundamental de estas personas a buscar trabajo y mantener a una familia".
"Es contrario a la realidad afirmar que nuestro estado se ve perjudicado por los beneficiarios de DACA que trabajan aquí de manera legal. En cambio, este tipo de acción disruptiva y sin precedentes por parte de nuestro gobierno, perjudicará a nuestras comunidades al fomentar el miedo, romper relaciones, interrumpir la actividad económica y expulsar a algunas de las personas más respetables de nuestra comunidad", dijeron los obispos.
"Esta decisión afectará prácticamente a todas las comunidades de Texas al eliminar la legalidad de la presencia de los beneficiarios de DACA que viven en Texas", afirmaron.
"Los desafíos actuales en nuestro país en materia migratoria son el resultado de décadas de renuencia por parte de todos a implementar una reforma migratoria razonable y significativa, que respete tanto las necesidades de seguridad nacional como el derecho humano de toda persona a trabajar y formar una familia en paz", afirmaron los obispos.
La aplicación de la orden del Quinto Circuito, continuaron, "perjudicará a nuestras comunidades al fomentar el miedo, romper relaciones, interrumpir la actividad económica y expulsar a algunas de las personas más respetables de nuestra comunidad".
Los métodos de aplicación de la ley por parte del ICE se han convertido en un importante punto de fricción con la Iglesia Católica alrededor del país, ya que varios grupos han denunciado que el trato que el ICE da a los migrantes detenidos viola su dignidad humana y que no se respetan los derechos de los católicos detenidos a recibir la Eucaristía y otros sacramentos. El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado estas acusaciones.
En todo Estados Unidos, los cristianos representan aproximadamente el 80% de todas las personas en riesgo de ser deportadas por la campaña de deportación masiva de Trump, siendo los católicos el grupo más numeroso de cristianos afectados, según un informe católico-evangélico publicado por World Relief. El informe reveló que uno de cada seis católicos (18%) es vulnerable a la deportación o vive con alguien que lo es.
La comunidad hispana de la Iglesia Católica en EE.UU. es la más afectada por las operaciones de control de la inmigración de la administración Trump. Según los datos del Pew Research Center publicados en junio, más de cuatro de cada diez católicos en Estados Unidos son inmigrantes (29%) o hijos de inmigrantes (14%); pero ocho de cada diez católicos hispanos han nacido fuera de Estados Unidos (58%) o son hijos de inmigrantes (22%).
En su comunicado sobre el caso referente a la situación de DACA en el estado, los obispos de Texas recordaron a las autoridades federales y estatales "la importancia de la capacitación y supervisión adecuadas para los agentes de ICE".
"Jamás debe ser considerado ni justificado acto de violencia alguno en daño de los agentes del orden", afirmaron los obispos. "La dignidad humana de los propios agentes del orden se ve violada cuando se espera que consideren métodos brutales e inhumanos para hacer cumplir estas decisiones".
"Somos pastores de agentes de ICE y de beneficiarios de DACA, de personas indocumentadas y de familias cuya seguridad se ve amenazada", afirmaron. "Esta decisión solo exacerbará el temor y la desconfianza, enfrentará a los miembros de la comunidad entre sí y causará una importante perturbación económica en muchas comunidades".
Los obispos añadieron: "Queremos decirles inequívocamente a todos nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, y de manera especial a quienes llegaron siendo niños: Hemos escuchado sus súplicas. Estamos con ustedes en estos tiempos difíciles".
"Que Dios, que escucha el clamor de los pobres, nos impulse a todos a atraer su misericordia y su justicia a nuestro país", concluyeron.