La justicia de Nicaragua declaró a cuatro sacerdotes católicos culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
La Unidad de Defensa Jurídica informo que, junto con los sacerdotes, también fueron declarados culpables dos seminaristas y un camarógrafo, todos ellos de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua.
Estas siete personas fueron detenidas el mismo día que el obispo Rolando Álvarez en la madrugada del 19 de agosto, después de dos semanas de estar confinados, cercados por la policía que les prohibió salir.
La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua, tras cuatro días de sesiones en un juicio que concluyó este jueves, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.
Los siete declarados culpables son: los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, el diácono Raúl Vega González, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas.
La Fiscalía de Nicaragua pidió 10 años de cárcel y 800 días de multa para los cuatro sacerdotes, los dos seminaristas y el camarógrafo. La lectura de la sentencia fue programada para el 3 de febrero.
El grupo de religiosos y laicos se encuentran en la prisión conocida como El Chipote, donde fueron encerrados los cientos de presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), crítico con el gobierno, a quienes hace tiempo acusan de reprimir violentamente al pueblo y privarlo de sus derechos, condenó el fallo de la jueza Tardecilla y responsabilizó al presidente y a su esposa de este atropello a la libertad religiosa.
El Cenedh catalogó los cuatro días de juicio de "tortura judicial", y la sentencia como la solicitud de pena "fue dictada desde El Carmen" -donde reside la pareja presidencial-, "con el afán de sembrar el terror y demostrar quien tiene el poder" en Nicaragua.
"Desde Cenidh condenamos este atropello a los derechos humanos y las garantías del debido proceso", continuó ese organismo, que forma parte de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
"Este hecho plantea un reto a los dirigentes de la Iglesia Católica. Les pedimos que reaccionen. No pueden seguir callando. Prácticamente el régimen ha encarcelado a una Diócesis entera. Les invitamos a ponerse al lado del pueblo creyente que está indignado", declaro el Cenidh, que fue declarado ilegal por orden del Gobierno de Ortega, que sancionó a docenas de ONG, incluidas las hermanas de la caridad.
El obispo Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, espera aun la fecha para el juicio en el que deberá responder por los mismos delitos. Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, el prelado tiene 56 años, y es el primer obispo en ser arrestado y acusado formalmente desde que Ortega regreso al poder en 2007. Durante los ’80, debió exiliarse, y se negó a hacerlo una vez mas ante las constantes presiones del régimen.
El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez, así como al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
La agencia Efe informa que la Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".
