La gobernadora de Arizona ha rechazado recientemente una ley que habría convertido el cruce de la frontera internacional del estado en un delito estatal independiente del federal, en una medida elogiada por la conferencia católica del estado, mientras otras controvertidas medidas se abren paso en la legislatura del estado.

La Ley de Invasión Fronteriza de Arizona, SB 1231, habría convertido el cruce no autorizado de la frontera del estado en un delito menor de primer nivel y en un delito grave de bajo nivel para los inmigrantes que hubieran sido previamente deportados u obligados a marcharse. Habría otorgado a las agencias de policía del estado autoridad para detener a migrantes, una facultad que actualmente está limitada a las fuerzas de seguridad federales.

Texas aprobó una ley similar en 2023 que actualmente enfrenta desafíos judiciales. La legislación federal ya prohíbe entrar en Estados Unidos sin autorización. La mayoría de las partes de una ley similar de Arizona de 2010 fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El SB 1231 presentaba importantes "problemas constitucionales" y podría desencadenar "litigios costosos y prolongados".

"Este proyecto de ley no protege nuestra frontera, será perjudicial para las comunidades y las empresas de nuestro estado, y oneroso para el personal encargado de hacer cumplir la ley", decía la carta.

En una declaración conjunta en la que elogiaban el veto, los obispos de la Conferencia Católica de Arizona -- los obispos John P. Dolan de Phoenix, Edward J. Weisenburger de Tucson y James S. Wall de Gallup, Nuevo México (cuya diócesis incluye una parte de Arizona), así como el obispo auxiliar Eduardo Nevares de Phoenix -- dijeron que comparten "la frustración de muchos sobre la situación de la frontera. La falta de solución federal a los desafíos que enfrentan los más vulnerables y las comunidades americanas es sumamente necesaria desde hace mucho tiempo".

"No es justo que la inacción del gobierno federal haya resultado en cargas pesadas para los estados y las comunidades a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México", dijeron los obispos. Dijeron que los fracasos del gobierno federal han dado lugar no sólo a "una gran cantidad de migrantes queriendo cruzar la frontera, sino también en un número inaceptable de muertes de migrantes. Nuestra intención no es cuestionar las buenas intenciones de los legisladores que buscan solucionar estos desafíos. Sin embargo, no estamos a favor de que el Proyecto de Ley del Senado 1231 sea la respuesta adecuada y tememos que tendrá consecuencias dolorosas y no-anticipadas".
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. tuvo casi 250.000 encuentros reportados con migrantes que cruzan la frontera entre EE.UU. y México en diciembre de 2023, según las estadísticas federales.

Los obispos dijeron que están particularmente preocupados "por defender los derechos y la dignidad de cada persona, especialmente las familias que buscan permanecer juntas y seguras".

"Además, acciones tomadas por los cuerpos policiales locales para reforzar leyes inmigratorias como las que están propuestas en el Proyecto de Ley del Senado 1231, ponen en peligro la confianza que la comunidad tiene con la policía y resultará en más vecindarios peligrosos", dijeron. "El gobierno federal necesita hacer un mejor trabajo en manejar la frontera nacional y proveer una reforma inmigratoria comprensiva. No obstante, propuestas como el Proyecto de Ley del Senado 1231, no son muy probables de sobrevivir desafíos legales y no son la solución correcta. Por lo tanto, agradecemos que la gobernadora Hobbs haya vetado la propuesta".

Los republicanos del Senado de Arizona criticaron el veto de la gobernadora, incluida la patrocinadora del proyecto de ley, la senadora estatal Janae Shamp.

"La Legislatura hizo su trabajo para proteger a nuestros ciudadanos, pero la gobernadora Hobbs no hizo el suyo", dijo Shamp en un comunicado. "Vetar la Ley de Invasión Fronteriza de Arizona es un claro ejemplo del caos que Hobbs está desatando en nuestro estado a la vez que perpetúa esta crisis de fronteras abiertas como cómplice de (el presidente Joe) Biden".

Otro proyecto de ley que se está tramitando en la asamblea legislativa modificaría la ley estatal sobre allanamiento de morada para permitir a los propietarios de viviendas y propiedades amenazar o utilizar la fuerza letal para impedir que alguien entre ilegalmente en su propiedad, y no sólo en su casa.

Aunque ese proyecto de ley no especifica los migrantes, un partidario de la legislación ha sugerido que permitiría legalmente a los propietarios disparar y matar a los migrantes que entran ilegalmente en su propiedad, según informaron los medios de comunicación locales.

Se espera que Hobbs vete esa medida, en caso de que la Legislatura la apruebe.

El 13 de marzo, la oficina de Hobbs dio a conocer una carta que envió a los líderes de los Comités de Asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. en la que pide una rápida acción del Congreso "para hacer frente a la creciente crisis en la frontera sur de Arizona".

"La frontera de Arizona es más que un lugar conveniente para que los políticos se tomen fotos y organicen conferencias de prensa", dijo Hobbs en la carta. "Es donde mis electores viven, trabajan y crían a sus familias. Mi estado ha hecho todo lo posible para ofrecer seguridad a esas comunidades, pero necesitamos que el Congreso dé un paso al frente y haga su trabajo. Es inaceptable que la seguridad de los arizonenses haya quedado relegada a un segundo plano por los juegos políticos en Washington, D.C., obligando a las familias trabajadoras de mi estado a soportar la carga de la inacción del Congreso. Es hora de dar prioridad a las soluciones prácticas sobre las maniobras políticas".