CIUDAD JUÁREZ, México -- La catedral de la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez servía antes hasta 1,000 comidas diarias a los migrantes que no podían cruzar a Estados Unidos o eran devueltos a México en virtud de una disposición de la época de la pandemia conocida como Título 42.

Pero en las dos semanas previas a la supresión del Título 42 el 11 de mayo, la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe proporcionaba apenas 200 comidas diarias. Cristina Coronado, directora del "Proyecto Catedral", atribuyó el descenso a los migrantes que cruzaban la frontera antes de que finalizara el Título 42. Muchos migrantes esperaban en el lado estadounidense del Río Grande, con la esperanza de que los agentes de la Patrulla Fronteriza permitieran que algunos de ellos atravesaran una puerta en el muro entre los dos países.

"Los pocos que llegan, los nuevos, llegan siempre a buscar información", dijo Coronado a OSV News. "Pero la mayor parte de la gente se está yendo al campamento o a las puertas para entregarse".

El Título 42 se implementó en marzo de 2020 con la pandemia de coronavirus, permitiendo a Estados Unidos expulsar a los no ciudadanos de vuelta a México o a sus países de origen. La política se ha aplicado más de 2.7 millones de veces, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aunque en muchos de los casos se trataba de personas que entraban en Estados Unidos y eran expulsadas en múltiples ocasiones.

La política siguió en vigor mucho después de que la frontera se abriera al tráfico comercial y turístico, e impidió de hecho que muchos migrantes presentaran solicitudes de asilo.

Los católicos que trabajan con migrantes recibieron con satisfacción el fin del Título 42, afirmando que había impedido a muchos migrantes solicitar asilo y, en muchos casos, había obligado a la gente a regresar a peligrosas ciudades fronterizas mexicanas donde eran extorsionados y secuestrados por la policía y los cárteles de la droga. Pero también expresaron recelos sobre lo que podría sustituirla.

"Esto se ha retrasado un par de años. No creo que hubiera ninguna prueba de que los migrantes trajeran consigo el COVID-19", dijo a OSV News el padre scalabriniano Pat Murphy, director de un albergue para migrantes en Tijuana.

"El Título 42 nunca tuvo la justificación suficiente para que estuviera vigente durante tanto tiempo. Siempre se utilizó como pretexto para cerrar la frontera y para bloquear el asilo", dijo Gia Del Pino, directora de comunicaciones de la Iniciativa Fronteriza Kino, un proyecto jesuita binacional que sirve a los migrantes en Sonora, Arizona, y el estado mexicano de Sonora. "Hay mucho ajuste de cuentas, mirando hacia atrás a los daños de los últimos tres años".

Lo que iba a suceder al Título 42 seguía sin estar claro para muchos migrantes en las semanas previas al 11 de mayo, aunque los migrantes han cruzado la frontera en gran número en previsión del fin de la política.

En ciudades como Ciudad Juárez han proliferado los rumores, ya que los mensajes enviados a través de WhatsApp y otros servicios difunden información falsa, lo que ha provocado movimientos hacia la frontera, según los defensores de los migrantes. Las autoridades fronterizas estadounidenses detuvieron a más de 10,000 personas el 9 de mayo, según informes de los medios de comunicación.

El 10 de mayo, el gobierno estadounidense dio a conocer planes para restringir el acceso al asilo después de que se levante el Título 42. Según The Associated Press, las nuevas normas obligan a los migrantes a solicitarlo por Internet a través de una aplicación o a pedir protección en uno de los países por los que pasaron antes de llegar a Estados Unidos.

Estados Unidos también planea abrir centros de procesamiento de migrantes en el hemisferio occidental, además de los centros ya anunciados para Guatemala y Colombia.

"Es un duro golpe al compromiso de Estados Unidos con el asilo, un error no forzado de una administración demócrata que será difícil de reparar y que provocará dolor y muerte", tuiteó el 10 de mayo Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute de El Paso.

México y Estados Unidos también lograron un acuerdo por el que México recibirá a los migrantes no mexicanos expulsados de Estados Unidos.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que México "respeta" los derechos de los migrantes. Pero fuentes que trabajan con migrantes dicen que el gobierno federal rutinariamente llega a acuerdos con Estados Unidos para intensificar la aplicación de las leyes migratorias e invierte poco en ayudar a los migrantes devueltos a las peligrosas ciudades fronterizas, donde los cárteles de la droga secuestran y extorsionan a los migrantes.

"Él se basa en que México es un país libre y amigable, pero no hace nada para ayudar a estos migrantes que dejó entrar", dijo del gobierno mexicano el padre scalabriniano Julio López, director de la Pastoral de Migrantes del Episcopado Mexicano.

El 27 de marzo, un incendio en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez se cobró la vida de 40 migrantes, lo que llevó al gobierno a cerrar las instalaciones. El padre López dijo a OSV News que el flujo de migrantes a través de México había estado creciendo a principios de 2023, pero después del incendio de Ciudad Juárez "se está moviendo más rápidamente hacia la frontera norte", ya que el Instituto Nacional de Migración ha tramitado con prontitud documentos para los migrantes sin los papeles adecuados.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un aumento en el número de espacios disponibles para que los migrantes hagan citas a través de lo que se conoce como la aplicación móvil CBP One. Sin embargo, los operadores de los albergues informan de una demanda colosal para espacios limitados, lo que obliga a los migrantes a esperar las escasas citas para entrar en Estados Unidos.

"Nunca ha funcionado como debería. No funcionó como se dijo que debería funcionar", dijo a OSV News Ramón Domínguez, un pastor cristiano que opera el albergue Oasis del Migrante en Ciudad Juárez. "La aplicación creó muchas esperanzas e ilusiones".

El migrante venezolano Juan Ángel Pabón, de 52 años, intenta conseguir una cita cada mañana a las 9 a.m. hora local desde una tienda de campaña que ha montado frente al ahora cerrado centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Su esposa consiguió una cita para la familia hace dos meses, pero las autoridades estadounidenses sólo le permitieron cruzar, lo que obligó a Pabón y a sus dos hijas a permanecer en México y probar suerte con la aplicación.

"Este es el daño que hace", dijo a OSV News. "Incluso separa familias".
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David Agren escribe para OSV News desde la Ciudad de México.