Un cartel del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington se observa en esta foto de archivo del 6 de abril de 2026. (Foto OSV News/Kevin Lamarque, Reuters)
La administración Trump acusó a la administración Biden de “sesgo anticristiano” en su enfoque de políticas relacionadas con el aborto, el matrimonio y el género, entre otros temas, en un informe publicado por el Departamento de Justicia el 30 de abril.
Poco después de regresar a la Casa Blanca el año pasado, Trump ordenó la creación de un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia para investigar un supuesto sesgo “anticristiano” en el gobierno federal. El grupo fue criticado por quienes argumentaban que tales afirmaciones carecían de fundamento o constituían un intento de favorecer a una religión en particular.
El informe no tiene fuerza legal, pero representó una oportunidad para que la administración Trump criticara a sus predecesores y a sus rivales demócratas de cara a las próximas elecciones legislativas, además de destacar lo que denominó “el trabajo de la administración Trump para corregir errores del pasado”.
El informe sostuvo que la administración Biden, en la búsqueda de sus objetivos políticos, “intentó limitar la libertad, pisotear creencias desfavorecidas y restringir la capacidad de los cristianos de actuar conforme a sus convicciones religiosas sinceramente sostenidas”.
“Esto no significa que todos los actores dentro de la administración Biden tuvieran animadversión hacia los cristianos”, indicó. “Muchos se identifican como cristianos. Pero el cristianismo no es monolítico, y dentro de esa tradición de fe, los cristianos han tenido intensos debates sobre doctrina, interpretación bíblica y cómo la fe debe influir en la conducta diaria desde los primeros tiempos de la religión”.
Biden, un asistente habitual a la Misa cuya práctica del catolicismo en la vida pública fue objeto de debate y escrutinio, tuvo en ocasiones desacuerdos con los obispos de Estados Unidos durante su presidencia, especialmente en torno a la política de su administración sobre el aborto.
El informe afirmó que la administración Biden aplicó de manera “sesgada” la Ley federal de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE Act) y promovió “cargos más severos y sentencias significativamente más duras contra acusados provida pacíficos que contra acusados violentos a favor del aborto”. A principios de abril, el Departamento de Justicia también publicó otro informe que alegaba que la administración Biden “instrumentalizó” la FACE Act, diseñada para proteger el acceso tanto a centros de salud reproductiva como a lugares de culto.
El informe destacó ampliamente el ya controvertido memorando de enero de 2023 conocido como el “Memorando de Richmond”, un documento filtrado y posteriormente retirado del FBI que analizaba a los católicos “tradicionalistas radicales” como posibles amenazas de violencia motivada por razones raciales o étnicas.
Ese documento diferenciaba a los católicos “tradicionalistas radicales” como “separados y distintos” de los “católicos tradicionalistas”, a quienes describía como aquellos que “simplemente prefieren la Misa tradicional en latín y las enseñanzas anteriores al Concilio Vaticano II”. El mismo memorando del FBI también señalaba que, “por el contrario, el anticatolicismo profundamente arraigado sigue siendo una característica de muchos nacionalistas blancos de extrema derecha”. Algunos de los grupos mencionados en el memorando no están reconocidos canónicamente por la Iglesia Católica, incluidos los Esclavos del Inmaculado Corazón de María en Richmond, New Hampshire.
Sin embargo, ese memorando fue duramente criticado como anticatólico y retirado rápidamente.
El informe alegó que una investigación que llevó al arresto legal del “delincuente reincidente Xavier Louis López” por posesión de armas ilegales también derivó en “la persecución de su sacerdote y de toda una secta católica a la que López pertenecía”.
No obstante, documentos publicados previamente durante una investigación del Congreso sobre el memorando sugieren que los agentes no estaban familiarizados con la Sociedad de San Pío X (SSPX), una comunidad religiosa que el Vaticano ha descrito como en comunión irregular con el resto de la Iglesia Católica. Según esos documentos, el sujeto parecía tener interés en esa comunidad, y los agentes buscaban comprender la SSPX y su relación con la Iglesia Católica, no investigar a la comunidad en sí.
Christopher Wray, director del FBI en el momento en que se redactó el memorando, fue inicialmente nombrado para ese cargo por Trump en 2017. Durante su testimonio ante el Congreso en 2023, Wray dijo sentirse “horrorizado” por su contenido.
Aunque el grupo de trabajo fue creado para centrarse en el sesgo anticristiano, el informe sostuvo que los problemas señalados “no afectan solo a los cristianos. Ni mucho menos”.
“Si el gobierno federal puede discriminar y limitar los derechos de un grupo mayoritario hasta tal punto, personas de todas las religiones —e incluso de otras minorías— tienen motivos para preocuparse por sus derechos bajo futuras administraciones”, afirmó. “Utilizar el poder del gobierno contra ciertos puntos de vista o contra quienes los sostienen es contrario a nuestro sistema constitucional”.
“El pueblo estadounidense merece saber cuándo ocurre este tipo de abuso y cómo sucede”, añadió, “para poder exigir mejores prácticas al Poder Ejecutivo y sus agencias bajo cualquier administración”.