Las Hermanas Pobres de Jesucristo distribuyen comida y hablan con personas sin hogar en las calles del centro de Baltimore el 3 de mayo de 2023. (Foto de OSV News/Kevin J. Parks, Catholic Review)
WASHINGTON -- Los programas federales de ayuda alimentaria, de los que se benefician millones de personas, podrían estar en peligro debido a la prolongación del cierre del gobierno federal, según afirman los defensores de dichos programas.
El gobierno federal entró en cierre el 1 de octubre después de que el Congreso no aprobara un presupuesto firmado por el presidente para esa fecha.
Durante un cierre del gobierno, algunos tipos de servicios gubernamentales esenciales están exentos, incluidos los pagos de la Seguridad Social a los adultos mayores, pero muchas otras funciones del gobierno quedan suspendidas. Cientos de miles de trabajadores federales están sujetos a licencias, lo que significa que deben dejar de trabajar y no cobrarán hasta que el gobierno federal vuelva a abrir.
El Programa de Asistencia Nutricional Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) es un programa de 8.000 millones de dólares que funciona con un fondo de contingencia más reducido, de 150 millones de dólares, y que podría agotarse en caso de un cierre prolongado. El WIC proporciona vales a los hogares con bajos ingresos --lo que afecta a 6 millones de mujeres y niños-- para comprar leche maternizada y alimentos saludables, como frutas y verduras frescas, que a menudo están fuera de su alcance económico.
John Berry, presidente del Consejo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl de los Estados Unidos, declaró a OSV News, en relación con el WIC, que los estados tendrían dificultades para financiar el programa por su cuenta si no estuvieran seguros de que el gobierno federal les devolvería los fondos.
"Simplemente no tienen el dinero", afirmó.
La inseguridad alimentaria, dijo Berry, es "la víctima del fracaso de muchas otras cosas".
"Es un fracaso de los niveles salariales adecuados, un fracaso de las oportunidades laborales adecuadas, un fracaso de los precios de la vivienda, la sanidad y los alimentos", afirmó.
Un número considerable de hogares católicos en Estados Unidos son vulnerables a los cierres que afectan a las ayudas gubernamentales a las familias con bajos ingresos. Los datos actualizados de Pew Research publicados en 2025 revelan que el 36% de los hogares católicos ganan menos de 50.000 dólares, incluido el 18% que gana menos de 30.000 dólares.
El umbral federal de pobreza para una familia de cuatro miembros en Estados Unidos es de 32.150 dólares en 2025.
El 14 de octubre estaba programado que el Senado votara por octava vez sobre una medida aprobada por la Cámara de Representantes para financiar el gobierno. El voto no llegó a alcanzar el umbral de 60 votos que necesitaba para aprobar dicha medida.
Así que a mediados de octubre, republicanos y demócratas seguían en un punto muerto sobre la ampliación de las subvenciones en virtud de la Ley de Asistencia de Salud Asequible (a veces conocida como Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o ACA por sus siglas en inglés), la ley de salud del expresidente Barack Obama, también conocida como "Obamacare". Los subsidios, o créditos fiscales, son utilizados por los hogares de ingresos bajos y medios para reducir los gastos de bolsillo que supone inscribirse en el programa. Está previsto que expiren pronto, y los demócratas buscan una prórroga, ya que, de lo contrario, se espera que las primas del mercado de la ACA de 24 millones de estadounidenses se dupliquen con creces.
Las narrativas opuestas en torno al cierre han llevado a muchos legisladores a culpar a los congresistas del otro lado del espectro político por el estancamiento actual.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpó a los demócratas de que el WIC se quedara sin fondos y dijo en una publicación del 7 de octubre en la plataforma de redes sociales X que la Casa Blanca ha "identificado una solución creativa para transferir recursos de los ingresos arancelarios de la Sección 232 a este programa crítico".
"La Casa Blanca de Trump no permitirá que las madres empobrecidas y sus bebés pasen hambre por los juegos políticos de los demócratas", afirmó.
Sin embargo, no estaba claro cómo funcionaría esa propuesta, ya que los fondos arancelarios recaudados se destinan a un fondo general gestionado por el Departamento del Tesoro. Esos fondos están, en efecto, congelados hasta que el Congreso apruebe una ley de financiación.
Georgia Machell, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Nacional del WIC, dijo en una declaración del 7 de octubre que cualquier esfuerzo para financiar el programa era bienvenido, pero que los detalles críticos seguían siendo inciertos.
"Acogemos con satisfacción los esfuerzos para mantener a flote el WIC durante el cierre, pero las familias necesitan estabilidad a largo plazo, no incertidumbre a corto plazo", dijo Machell. "Todavía no sabemos cuántos fondos proporciona esta medida, con qué rapidez los recibirán los estados o cuánto tiempo mantendrá las operaciones".
Machell añadió: "No hay sustituto para que el Congreso haga su trabajo. WIC necesita financiación para todo el año, no solo ayudas temporales".
Berry declaró a OSV News que también le preocupaban aquellas personas que no cobrarán durante el cierre y su capacidad para pagar la comida y la vivienda.
"Las personas nuevas no podrán inscribirse (en el SNAP y el WIC) porque no habrá personal a nivel federal para tramitar las solicitudes", afirmó. "Por lo tanto, si nos enfrentamos a un cierre prolongado, habrá un número de personas que se verán obligadas a esperar a que termine el cierre antes de poder siquiera presentar sus solicitudes".
Los obispos estadounidenses y las entidades católicas que defienden o trabajan con personas pobres y vulnerables en Estados Unidos han advertido en general contra los cierres del gobierno.
La Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos también ha hecho hincapié en que la Iglesia Católica --el mayor proveedor no gubernamental de atención médica del mundo-- enseña que "el derecho a la atención sanitaria es una necesidad fundamental para la preservación de la vida y el desarrollo humano", e instó a los legisladores del Capitolio a principios de este año a tomar medidas para reforzar ese acceso.
Chieko Noguchi, portavoz de la conferencia episcopal, declaró anteriormente a OSV News en un comunicado escrito que un cierre del gobierno "perjudica a las familias y a las personas que dependen de los servicios federales". Afirmó que la conferencia esperaba que los legisladores trabajarán para alcanzar un acuerdo bipartidista que ponga fin al cierre "lo antes posible".
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Kate Scanlon es reportera nacional de OSV News y cubre la actualidad de Washington. Síguela en X @kgscanlon. El editor de noticias nacionales de OSV News, Peter Jesserer Smith, ha contribuido a este reportaje.