Una foto de archivo muestra cajas de mifepristona, la primera píldora utilizada en un aborto farmacológico, preparadas para pacientes en la Clínica de Salud Reproductiva para Mujeres de Nuevo México, en Santa Teresa. (Foto OSV News/Evelyn Hockstein, Reuters)
El 14 de mayo, la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó una sentencia de un tribunal de apelaciones que pretendía suspender una política federal que permite la distribución por correo de la mifepristona, a veces conocida como la "píldora abortiva".
La sentencia mantiene en vigor una política de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitida por la administración Biden, que permitía la distribución de mifepristona por correo. La administración Trump ha mantenido hasta ahora esa regulación, lo que ha provocado frustración entre los grupos provida, y ha tratado de bloquear los recursos estatales contra la mifepristona, como el caso presentado por Louisiana.
Un tribunal de primera instancia había concedido previamente la solicitud de la administración Trump de suspender la demanda de Louisiana que impugnaba la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA, a la espera de la revisión de seguridad de ese medicamento prometida por la FDA, indicando que el estado podría continuar con su impugnación después de dicha revisión.
Sin embargo, el estado y el calendario de la revisión de la FDA siguen sin estar claros. El 4 de mayo, el presidente del comité provida de los obispos de Estados Unidos escribió una carta a funcionarios de la administración expresando su preocupación por el estado de la revisión de seguridad prometida.
Con referencia al caso en curso en los tribunales, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos concedió posteriormente una solicitud de Louisiana para suspender temporalmente la política durante su impugnación.
Pero el 4 de mayo, el alto tribunal bloqueó temporalmente la resolución del tribunal de apelaciones, ordenando a Louisiana que respondiera a una apelación de Danco Laboratories, una de las empresas farmacéuticas que fabrica el medicamento.
El 7 de mayo, el estado de Louisiana solicitó a la Corte Suprema que confirmara una orden judicial temporal emitida por el Quinto Circuito que suspendería una política federal que permite la distribución de mifepristona por correo.
En su escrito, Louisiana argumentó que la distribución del medicamento --que se utiliza comúnmente, aunque no de manera exclusiva, para el aborto hasta las 10 semanas de gestación-- por correo viola sus propias leyes estatales que restringen el aborto, lo que da lugar a lo que denominó "aproximadamente 1.000 abortos ilegales en Louisiana cada mes".
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la suspensión de la resolución del Quinto Circuito.
En su voto particular, Alito pareció coincidir con el estado de Louisiana, argumentando: "La orden sin fundamentación de la COrte que concede suspensiones en este caso es notable".
"Lo que está en juego es la perpetración de un plan para socavar nuestra decisión en Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization", argumentó, "la cual que restableció el derecho de cada estado a decidir cómo regular los abortos dentro de sus fronteras. Algunos estados respondieron a Dobbs haciendo que fuera aún más fácil obtener un aborto de lo que era antes, y esa es su prerrogativa. Otros estados, incluyendo Louisiana, hicieron que el aborto fuera ilegal excepto en circunstancias muy limitadas".
"Pero los esfuerzos de Louisiana se han visto frustrados por ciertos proveedores médicos, organizaciones privadas y estados que aborrecen leyes como la de Louisiana y buscan socavar su aplicación", escribió.
Los defensores de la mifepristona --el primero de los dos medicamentos utilizados en un aborto químico o farmacológico-- argumentan que es estadísticamente seguro que una mujer la tome en las primeras etapas del embarazo, y que los intentos de restringirla son un intento de prohibir el aborto por completo. Los opositores al uso del fármaco para el aborto argumentan que existen riesgos significativos para quienes lo toman, particularmente fuera de entornos médicos, además de poner fin a la vida de un niño no nacido en las primeras etapas de su desarrollo.
En documentos judiciales, los fabricantes del fármaco también han argumentado que el producto es seguro. El 14 de mayo, todo el grupo demócrata del Senado también volvió a presentar una resolución en defensa del fármaco antes de la fecha límite del tribunal superior.
La Iglesia Católica enseña que toda vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y, como tal, se opone al aborto directo.
Sin embargo, la misma combinación de medicamentos se ha utilizado en ocasiones en los últimos años para el tratamiento de abortos espontáneos, en los que el feto ya ha fallecido, una situación que la doctrina católica consideraría un uso moralmente lícito.
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Kate Scanlon es reportera nacional de OSV News y cubre la actualidad desde Washington. Sígala en X: @kgscanlon.