Una persona se protege del sol con un paraguas frente al edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, el 1 de julio de 2026. (Foto OSV News/Annabelle Gordon, Reuters)
La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a su período de sesiones 2025-2026 con importantes sentencias que anulan el decreto presidencial de Donald Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento y que ratifican las leyes estatales de Idaho y West Virginia que exigen que los estudiantes deportistas compitan en equipos deportivos que se correspondan con su sexo biológico, en lugar de con el género con el que se identifican.
Estas sentencias se sumaron a otras decisiones clave dictadas por el alto tribunal durante el mismo período, en las que se rechazaba la política arancelaria de amplio alcance de Trump, pero se ratificaban los despidos por parte del presidente de los directores de agencias federales independientes, con una excepción significativa: la Reserva Federal, el banco central del país. Dichas sentencias ampliaron de hecho el poder presidencial en las agencias federales.
"Este período de sesiones ha confirmado que, en la actualidad, el tribunal es el poder que mejor funciona de nuestro Gobierno nacional, y que los jueces de la Corte Suprema no son, como acusan algunos críticos, actores políticos alineados con la actual Administración", declaró a OSV News Richard Garnett, profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame.
Roberts pretendía zanjar la cuestión de la ciudadanía por nacimiento
En el caso sobre la ciudadanía por nacimiento, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría que el decreto ejecutivo de Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento violaba la Decimocuarta Enmienda.
Garnett afirmó que el resultado del caso sobre la ciudadanía por nacimiento "era previsible, aunque muchos esperaban que la sentencia fuera más limitada y se centrara principalmente en la ley federal pertinente".
"Es importante tener en cuenta que todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución, en general, otorga la ciudadanía por nacimiento; la cuestión se centraba en las excepciones específicas a esa norma general", señaló. "Además, los estadounidenses deben comprender que, contrariamente a lo que indican muchos informes de prensa, casi todos los magistrados coincidieron en que muchos niños nacidos de personas que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos siguen siendo ciudadanos. Por lo tanto, los ataques acalorados contra la mayoría por transformar drásticamente la política estadounidense son erróneos. La mayoría reafirmó lo que desde hace tiempo ha sido el consenso general, ratificó el precedente pertinente de la Corte Suprema y se ajustó a la ley federal correspondiente".
Ashley Feasley, experta jurídica residente en la Iniciativa de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho Columbus de la Universidad Católica de América, declaró a OSV News que la opinión de Roberts sobre la ciudadanía por nacimiento es el tipo de "argumento muy rico desde el punto de vista textualista, centrado en la historia y originalista" que ha surgido entre quienes se consideran conservadores judiciales en la Corte Suprema.
"Es muy detallado, y ha conseguido la mayoría de los votos para llevarlo a cabo, y parece, diría yo, muy decidido a zanjar el asunto", afirmó Feasley.
Cabe mencionar que, en su opinión particular, el juez Brett Kavanaugh escribió que no está de acuerdo con la conclusión del tribunal de que la orden viola la Decimocuarta Enmienda, pero se sumó a la mayoría para anularla. Kavanaugh argumentó, en cambio, que lo hizo basándose en que la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento violaba una ley federal que regula la ciudadanía por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda. La ley en cuestión especifica las circunstancias concretas en las que se concede la ciudadanía al nacer de conformidad con dicha enmienda.
"Creo que su argumento sobre el aspecto legislativo es bastante interesante, en el sentido de que podría estar ofreciendo una interpretación diferente", señaló Feasley. No obstante, señaló que Kavanaugh "no contó con el apoyo de ningún otro juez cuando articuló ese argumento, y el listón estaría muy alto para que el Congreso tomara medidas".
"Pero sin duda es algo que, para quienes han seguido de cerca a la Corte Suprema, merecía la pena destacar", añadió.
Garnett dijo también que "la indignación entre algunos partidarios de la orden del presidente, que sobrepasó su autoridad ejecutiva, está fuera de lugar. Además, la sentencia deja en manos del Congreso la posibilidad de modificar la política de inmigración mediante ley, o de que el pueblo estadounidense enmiende la Constitución".
Otras sentencias importantes dictadas en los últimos días del mandato 2025-2026 se referían a la política de inmigración. En dos sentencias dictadas el 25 de junio, la Corte Suprema dictaminó que la Administración Trump puede volver a aplicar una política consistente en rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México antes de que entren en el país, conocida como "metering" o dosificación, y que puede poner fin a una designación temporal que protege de la deportación a los inmigrantes haitianos y sirios que cumplen los requisitos y residen en Estados Unidos.
Intervenciones destacadas sobre la pena capital
La Corte Suprema de EE.UU. rara vez concede solicitudes para aplazar una ejecución. Sin embargo, en otros casos destacados de su último período de sesiones, dictó sentencias que, en la práctica, se mostraron a favor de tres reclusos cuyos casos incluían factores como discapacidad intelectual o denuncias de discriminación racial.
Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network, un grupo que aboga por la abolición de la pena capital en consonancia con la doctrina católica, declaró a OSV News: "Hemos visto varios casos en los que la Corte Suprema falló a favor de los acusados. El fondo de estos casos llevó a hacer cumplir algunas de las salvaguardias que existen en nuestro más alto tribunal para proteger la vida".
La pena de muerte sigue siendo legal a nivel federal, pero Vaillancourt Murphy señaló un descenso en las encuestas respecto a la percepción pública de esta práctica.
Vaillancourt Murphy afirmó que, aunque "se ha producido un repunte de las ejecuciones estatales en lugares como Florida, sigue siendo justo decir que el país en su conjunto se está distanciando decididamente de la pena de muerte. Recientemente, el gobernador republicano de Ohio se pronunció públicamente en contra de la pena de muerte y habló de abolirla".
"Afortunadamente, cada año se dictan menos sentencias de muerte", afirmó. "El futuro de la pena capital dependerá en gran medida de la opinión pública estadounidense y, afortunadamente, esta tiende cada vez más a negarse a tolerar este sistema de muerte que ya no tiene remedio".
Se espera que la Corte Suprema comience su período de sesiones 2026-2027 en octubre.