El 24 de junio comenzó el juicio de la demanda presentada por California contra dos organizaciones sin fines de lucro provida, especializadas en ayudar a revertir los efectos inmediatos de las píldoras abortivas.
La organización Thomas More Society anunció el inicio del juicio --que se celebra ante un juez y sin jurado-- en la Corte Superior del Condado de Alameda, señalando que el fiscal general de California, Rob Bonta, buscaba "castigar y silenciar permanentemente" a sus clientes: Heartbeat International y RealOptions Obria Medical Clinics.
El estado presentó la demanda en septiembre de 2023. En ella, el estado de California alega que Heartbeat International --una red internacional de centros de ayuda al embarazo con sede en Columbus, Ohio-- y RealOptions --una clínica de salud reproductiva con cuatro sedes en el área de la Bahía de San Francisco que ofrece tratamiento para revertir los efectos de la píldora abortiva-- hicieron "declaraciones falsas y engañosas" a sus clientes sobre dicho tratamiento.
El estado cuestionó el tratamiento de reversión de la píldora abortiva y la afirmación de Heartbeat International (HBI) de que los efectos del proceso de aborto químico con dos fármacos pueden revertirse, especialmente tras la ingesta de la primera píldora, la mifepristona. La demanda señalaba que "ni un solo estudio médico con un diseño fiable ha corroborado las afirmaciones de HBI".
Thomas More, un bufete de abogados de interés público de confesión católica con sede en Chicago, afirmó que ambas organizaciones habían compartido "información veraz y respaldada médicamente sobre un tratamiento que ha ayudado a salvar la vida de miles de bebés después de que sus madres tomaran la primera píldora abortiva".
La demanda solicita la imposición de multas de 2.500 dólares, bajo diversas condiciones, por cada infracción de los códigos estatales de negocios y ejercicio profesional. Thomas More indicó que el importe total de las multas superaría los 20 millones de dólares, cifra que "amenazaría la viabilidad financiera" de sus dos clientes.
Al anunciar el inicio del juicio, Thomas More Society señaló: "El Fiscal General de California no pretende prohibir la reversión del aborto farmacológico en sí misma; el tratamiento sigue siendo legal y los médicos de California tienen libertad para ofrecerlo. Lo que busca es algo mucho más extraordinario: ilegalizar que dos organizaciones sin fines de lucro provida informen a las mujeres de la existencia de esta opción legal que salva vidas".
Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y director de litigios de la Thomas More Society, calificó el caso como "el 'juicio del siglo' provida" y afirmó que la "orden de silencio" impuesta por Bonta no tenía precedentes, mientras que la multa de 20 millones de dólares resultaba "ruinosa".
"Heartbeat ofrece información gratuita que salva vidas a mujeres que han cambiado de opinión respecto al aborto farmacológico y desean una segunda oportunidad de vida para sus bebés", declaró Breen durante el anuncio. "Si Bonta logra su objetivo, esas madres se quedarán sin ayuda y es probable que sus bebés mueran. La Primera Enmienda prohíbe al gobierno determinar qué es verdadero o falso en cuestiones de debate público como el aborto; la acción legal de Bonta atropella los derechos de libertad de expresión de todos los estadounidenses. No permitiremos que lo consiga".
Paul Jonna, abogado especial de Thomas More y socio del bufete LiMandri and Jonna LLP en Rancho Santa Fe, California, subrayó la postura de la firma.
"La Primera Enmienda prohíbe al gobierno reprimir expresiones que no le agradan, especialmente en debates científicos profundamente controvertidos", afirmó. "La teoría jurídica de Bonta, de prosperar, expondría a cualquier organización sin fines de lucro de Estados Unidos que hable públicamente de sus servicios y dependa del apoyo de donantes a esta misma extralimitación gubernamental".
Señaló que dicha "extralimitación" supondría una "amenaza para la libertad de expresión y la sociedad civil que trasciende con creces este caso".
