Estudiantes de la escuela católica San Miguel en Watts forman parte del programa de Escuelas Solidarias de la Arquidiócesis de Los Ángeles. (Victor Alemán)
Un día antes de que los distritos escolares de California recibieran fondos federales el 1 de julio, el gobierno del expresidente Donald Trump anunció que retendría los fondos del Título, destinados normalmente a programas extracurriculares, capacitación docente y otros servicios educativos.
Dos semanas después, el estado demandó al gobierno federal, argumentando que la retención era ilegal e inconstitucional.
A fines de julio, el Departamento de Educación de EE.UU. anunció que finalmente liberaría los fondos.
Para Paul Escala, director y superintendente de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles, la decisión llegó justo a tiempo, ya que la capacitación profesional se habría visto afectada de inmediato, incluyendo la de los docentes que participan en la iniciativa de Escuelas Solidarias, que ayuda a estudiantes desfavorecidos en lectura y matemáticas.
“Me alegra que la administración haya decidido liberar esos fondos para que nuestros maestros reciban la formación que necesitan y nuestros estudiantes los apoyos pedagógicos que les corresponden”, dijo Escala.
Aunque las escuelas católicas locales no fueron afectadas de forma significativa por el retraso, la situación generó cierta ansiedad en las comunidades escolares, señaló Escala.
Si bien las escuelas arquidiocesanas no reciben fondos directamente del gobierno federal, sí acceden a los fondos del Título administrados por agencias educativas locales, generalmente distritos escolares. Además, las escuelas católicas dependen de recursos y servicios federales como E-Rate —que otorga descuentos para telecomunicaciones e internet—, IDEA —que apoya a estudiantes con discapacidades— y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que según Escala sirve más de 10,000 comidas diarias en la arquidiócesis.
“Participamos en todos esos programas, y cualquiera de ellos puede estar en riesgo si la administración decide retener los fondos”, advirtió Escala.
Aunque es difícil planificar ante la posible pérdida de financiamiento federal, Escala explicó que la arquidiócesis ha estado trabajando con distritos escolares, aliados y benefactores para encontrar formas de suplir cualquier brecha en fondos, recursos o servicios si fuera necesario. También están atentos a cómo los recortes de personal en el Departamento de Educación podrían afectar a estudiantes de secundaria y universidad en temas de becas y ayudas financieras.
De cara al futuro, Escala hizo un llamado a la comunidad para exigir responsabilidad a legisladores y autoridades.
“Cuando surgen situaciones como esta, no basta con que la arquidiócesis haga incidencia en Washington”, dijo. “Necesitamos que los padres, maestros, directores, feligreses, todos estén atentos y alcen la voz cuando esté en riesgo la financiación para los niños que servimos.”