El Departamento de Educación de EE.UU. (USDE, por sus siglas en inglés) se alineó con una sentencia anterior según la cual el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés) retuvo ilegalmente fondos federales a estudiantes de bajos ingresos de escuelas católicas de Los Ángeles.
La decisión del gobierno federal del 16 de noviembre confirmó la decisión del Departamento de Educación de California en 2021 de que el LAUSD no había "contabilizado con precisión el número de niños de familias de bajos ingresos" que asistían a las escuelas de la archidiócesis de Los Ángeles ni había consultado de forma significativa a la archidiócesis sobre esas discrepancias.
El nuevo fallo restablecería millones de dólares en dinero federal que se destina a los estudiantes de bajos ingresos que asisten a las escuelas católicas del área de Los Ángeles que califican para la financiación del Título I.
En una decisión compartida con los medios de comunicación el 30 de noviembre, el USDE ordenó al LAUSD tomar medidas correctivas, incluyendo trabajar con la arquidiócesis para analizar y recalcular las escuelas y estudiantes elegibles para el Título I, identificar los servicios que deben prestarse, y poner en práctica las comodidades dentro de los 90 días, o una fecha posterior acordada.
Una vez realizados esos nuevos cálculos, podrá determinarse la restitución correspondiente a los años anteriores.
"Durante años, muchos estudiantes de bajos ingresos que asisten a escuelas católicas dentro de los límites del LAUSD se han visto privados de servicios educativos vitales, en particular a raíz de la pandemia del COVID-19, a los que legalmente tienen derecho", dijo Paul Escala, director principal y superintendente de escuelas de la Arquidiócesis de Los Ángeles. "Confiamos en que esta decisión tenga como resultado el restablecimiento de los servicios para miles de estudiantes en nuestras escuelas, que son necesarios ahora más que nunca".
La arquidiócesis presentó una queja en septiembre de 2019 después de que dijo que LAUSD había reducido el número de escuelas católicas elegibles para recibir fondos del Título I a 17 después de que más de 100 escuelas habían calificado en años anteriores. La arquidiócesis apeló al CDE y el departamento se puso del lado de ADLA en junio de 2021. La archidiócesis presentó una demanda en diciembre de 2021, alegando que LAUSD no había tomado medidas correctivas.
El distrito apeló al Departamento de Educación de EE.UU. y la demanda estuvo en suspenso hasta que el USDE emitió su fallo. Con el fallo de noviembre, la demanda terminaría.
Según el informe del Departamento de Educación de California, en los tres años anteriores a 2019, el LAUSD recibió un promedio anual de alrededor de 291 millones de dólares en fondos del Título I y distribuyó entre el 2% y el 2,6% entre las escuelas privadas. Pero en el año escolar 2019-20, cuando redujo los receptores católicos de 102 a 17, el distrito había recibido más de 349 millones de dólares para el Título I -un aumento con respecto a años anteriores-, pero distribuyó menos del 0,5% entre las escuelas privadas.
La cantidad total compartida con las escuelas privadas se redujo de aproximadamente 7,5 millones de dólares a 1,7 millones de dólares, según el informe. Las escuelas católicas declararon recibir unos 190.000 dólares, es decir, el 11% del total destinado a las escuelas privadas.
La archidiócesis dijo que tradicionalmente había utilizado los fondos del Título I para proporcionar maestros especiales, asesoramiento y asistencia adicional a los estudiantes con dificultades y de bajos ingresos.
La pérdida de esos maestros y consejeros "ha impedido que esos estudiantes tengan el aprendizaje suplementario que necesitan para mantener el rendimiento a nivel de grado, y también para hacer frente a los remedios necesarios para cerrar la brecha en cualquier pérdida de aprendizaje que experimentaron debido a la pandemia", dijo Escala en 2021.
El Departamento de Escuelas Católicas de la archidiócesis es el mayor sistema de escuelas no públicas del país, con 250 escuelas primarias y secundarias y más de 68.000 alumnos.
El LAUSD tiene ahora 60 días para proporcionar documentación al Estado sobre las medidas correctivas que se han tomado, y el Departamento de Educación de California debe informar al USDE sobre cuáles son esas medidas en un plazo de 75 días.
