Mucho antes de llegar a la Arquidiócesis de Los Ángeles como director de Inmigración y Asuntos Públicos, Isaac Cuevas vivió su propia historia de inmigrante.
A la edad de 2 años, salió de un pequeño poblado, ubicado a unas tres horas al norte de la Ciudad de México para venir a Estados Unidos con su madre. Su madre, que había crecido en una familia católica, se sintió rechazada al ser madre soltera y quería comenzar una nueva vida.
Llegaron con una visa de turistas, se quedaron más tiempo del establecido en ella y permanecieron en el país como indocumentados durante muchos años. Cuando se crearon nuevas vías legales para obtener la ciudadanía durante la administración de Reagan, Cuevas pudo hacer su solicitud y volverse ciudadano estadounidense.
Luego, creció asistiendo a una iglesia evangélica y al casarse se convirtió al catolicismo, hace 19 años.
En este punto de su recorrido, Cuevas, que ha estado en la oficina de inmigración de la arquidiócesis durante los últimos tres años, admitió estar pasando por una pequeña crisis de identidad.
“A veces siento que, como no crecí en la fe católica, no soy lo ‘suficientemente católico’ para este papel que desempeño ahora”, dijo el hombre de 43 años, que creció en el Valle de San Fernando y estudió en Cal State University Long Beach. Él y su familia son feligreses de la Iglesia de los Santos Ángeles, en Arcadia.
“Y como pasé casi toda mi vida aquí, no me siento como un inmigrante, pero hay muchos inmigrantes que vienen aquí y dicen que no se sienten ‘lo suficientemente estadounidenses’. Pueden tener la ciudadanía, pero puede suceder que tengan un acento o una barrera del idioma que les impide sentirse más ‘estadounidenses’.
Creo que la ironía de todo esto es que una cosa es lo que somos y otra, la manera como nos sentimos”.
El arzobispo José H. Gómez, que nació en Monterrey, México y se convirtió en ciudadano estadounidense en 1995, se siente muy identificado con el trabajo realizado por el departamento de Cuevas, quien forma parte de la Oficina a favor de la Vida, la Justicia y la Paz, de la arquidiócesis. Esta Oficina declara que su misión es abordar y defender “los intereses de los inmigrantes... pues el Evangelio nos llama a acoger a los extranjeros que se encuentran entre nosotros”.
“El arzobispo Gómez, él mismo un inmigrante, ve lo impactantes que son estas personas para el tejido de nuestra sociedad, y su objetivo siempre ha sido propiciar una reforma migratoria integral”, dice Cuevas, quien abandonó su anterior carrera como especialista en marketing de entretenimiento y trabajaba como ejecutivo de estudio en Warner Brothers, con el fin de tener la oportunidad de aportar sus habilidades en comunicación y sus antecedentes personales, y centrarse en las campañas de inmigración.
“El Arzobispo Gómez ha sido una voz de liderazgo y apoyo y comprende lo que es el acompañamiento. Y me gusta pensar en nuestra oficina como ese primer paso del acompañamiento: como el equivalente, en inmigración, a una llamada al 411, que la gente hace cuando no sabe por dónde empezar o qué hacer a continuación”.
Se trata más de un centro de recursos comunitarios que de ser proveedores de servicios concretos. Cuevas dic
e que su oficina ha podido proporcionar educación y apoyo a miles de personas en el sur de California, desde ofrecer una ayuda personalizada hasta propiciar la expansión de talleres más extensos.
Entre las herramientas clave con las que se cuenta para prestar la ayuda, está la posibilidad de obtener alguna asistencia financiera a través del Fondo Cardenal McIntyre para la Caridad, que cuenta entre sus beneficiarios a aquellos que están en el proceso de solicitud del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) iniciado por la administración de Obama, en 2012.
Dado que es necesario investigar y sintetizar la información nueva, la oficina de inmigración cuenta con la ayuda de personas como Vivan Kambe, una estudiante voluntaria que está por empezar su último año en la Universidad Regis, en Denver, para especializarse en paz y justicia. Kambe, que es feligresa de la iglesia de San Beda, el Venerable, que es la parroquia de su vecindario y está en La Cañada Flintridge, dijo que ella se sintió atraída por la oportunidad que se le ofrecía de trabajar en la oficina de Cuevas este verano, después de haber entrado en relación con compañeros de clase universitarios con estatus DACA.
“Cuando iba yo creciendo, no conocí a tantas personas de mi comunidad que fueran inmigrantes”, dijo Kambe. “Es otra cosa el escuchar sus experiencias y luego compararlas con lo que yo he experimentado, escuchar las cosas que les preocupan y que nunca se hubieran registrado de otro modo en mi mente.
“Estoy aprendiendo cada vez más acerca de cómo se integra esto dentro de nuestra fe católica. Se puede hacer mucho más actualmente. Creo que nunca podremos tener suficientes defensores de esta causa”.
La oficina de Cuevas también trabaja en cercana colaboración con el Equipo de Trabajo de Inmigración (ITF), que unifica la labor que la Iglesia Católica realiza en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y San Diego. El equipo de trabajo está presidido por Mons. Jarlath Cunnane, párroco de la iglesia San Cornelio, en Long Beach, e incluye al obispo auxiliar David O’Connell, de la Región Pastoral San Gabriel.
Otro recurso valioso con el que se cuenta a través del ITF, es el acceso a un grupo de abogados que prestan su servicio de manera gratuita y que promueven activamente la reforma migratoria.
La abogada Linda Dakin-Grimm, que forma parte del equipo de trabajo desde 2013, ayudó recientemente a reunir con su esposa y sus tres hijas a Fernando Arrendondo, un guatemalteco que está solicitando asilo, en enero pasado.
Más recientemente, Dakin-Grimm desempeñó un papel decisivo en la promoción del caso de Lucas Ruiz, que en 2016 llegó a Estados Unidos desde su natal Guatemala, siendo un menor no acompañado y que se graduó el mes pasado de Cathedral High School. Él está en espera de su tarjeta verde con el objetivo de unirse al Ejército de Estados Unidos.
Dakin-Grimm descubrió que el caso de Ruiz podría ser abordado de acuerdo a un Estatus Especial de Inmigrante Juvenil que rara vez es usado. Se trata de una ley de Estados Unidos, vigente desde 1990, que se aplica a los niños abandonados, abusados o descuidados por sus padres en su país de origen. Su caso le fue remitido a ella a través de Kids In Need of Defense (KIND) (Niños que necesitan defensa), que colabora con la arquidiócesis.
“Se ha registrado un millón de personas, que viven en el área de Los Ángeles y tal vez el 90% no cuenta con algún medio vigente para normalizar su situación”, dijo Dakin-Grimm, cuyo libro, “Dignity & Justice: Welcoming The Stranger at Our Border” (Orbis Publishing, $ 24), saldrá a la venta en septiembre.
Dakin-Grimm está de acuerdo en que, si bien hay muchos mensajes confusos sobre cómo funciona la inmigración en Estados Unidos, DACA sigue siendo solamente una política que se puede cambiar y el Estatus de Protección Temporal (TPS) es una ley que podría ser útil para otros, y su objetivo está enfocado en el panorama más amplio que puede abordar el Equipo de Trabajo de Inmigración.
“La oficina de inmigración no es una misión que abarque un solo tema; una política o una ley no tiene más mérito que otra”, dice Dakin-Grimm. “Durante la última década, este problema se ha vuelto más grande. La crisis del coronavirus (COVID-19) ya ha afectado mucho a las personas de color, pero la comunidad indocumentada tal vez se ha visto más afectada porque no tiene el mismo nivel de recursos que otras”.