Con una decisión que podría devolverle millones de dólares a las escuelas católicas, el estado de California decretó que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) violó la ley federal al restringir la asistencia destinada a los estudiantes con dificultades académicas en la Arquidiócesis de Los Ángeles (ADLA).
El “informe de investigación”, que consta de 58 páginas y fue emitido el 25 de junio por el Departamento de Educación de California, le da 60 días al LAUSD para entablar una “consulta oportuna y significativa” con la arquidiócesis y para rectificar cualquier tipo de error en el cálculo de las necesidades de los estudiantes. Le ordena al LAUSD que, a partir del comienzo del año escolar 2021-2022, “proporcione los servicios convenidos a los estudiantes de la arquidiócesis cualificados para ello”.
La arquidiócesis presentó una queja en septiembre de 2019, después de que el LAUSD bloqueara a todas las escuelas católicas de las más de 100 previamente cualificadas para recibir la ayuda —con excepción de 17— evitando así que recibieran fondos federales del Título I, que apoya en matemáticas, inglés y consejería psicológica a los estudiantes de bajo rendimiento. El informe calificó la acción de LAUSD como algo “indignante”.
Durante los tres años previos al 2019, LAUSD recibió un promedio anual de alrededor de $291 millones en fondos del Título I y distribuyó entre el 2% y el 2.6% entre las escuelas privadas, según cifras del informe. Pero en 2019, cuando redujo de 102 a 17 los beneficiarios católicos, el distrito había recibido más de $349 millones para el Título 1, —un incremento con respecto a años anteriores— pero distribuyó menos del 0.5% entre las escuelas privadas.
El monto total que fue asignado a las escuelas privadas se redujo de aproximadamente $7.5 millones a $1.7 millones. Las escuelas católicas reportaron haber recibido alrededor de $190,000 o el 11% del total destinado a las escuelas privadas. El Departamento de Escuelas Católicas es el sistema de escuelas privadas más grande del área de Los Ángeles.
Los funcionarios de la Arquidiócesis expresaron su sorpresa ante el cambio repentino en los procedimientos del LAUSD, después de que éste manejó durante décadas un sistema que la Iglesia consideraba una asociación eficaz entre las escuelas privadas y el distrito escolar.
Paul Escala, director en jefe y superintendente de las escuelas católicas, describió esto como una victoria de “David contra Goliat” para los estudiantes católicos.
La decisión “afirmó y validó lo que sabemos desde hace mucho tiempo: que los estudiantes más pobres y vulnerables a los que servimos dentro del área del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles han sido privados de sus derechos”, le dijo Escala a Angelus.
“Ha habido un enfoque muy claro y metódico —que sólo se puede deducir por los resultados— para encontrar maneras y métodos para reducir legalmente los recursos a los que tienen derecho nuestros niños”.
El Título I ordena apoyar a los estudiantes de bajo rendimiento, independientemente de si asisten a escuelas públicas, privadas o religiosas. De acuerdo al programa, el distrito público es responsable de realizar una distribución “equitativa” de fondos a las escuelas privadas, basada en “consultas oportunas y significativas”.
En 2018, surgió una disputa entre el LAUSD y la arquidiócesis acerca de cómo calcular cuáles escuelas católicas calificarían. El fallo confirma la afirmación de la arquidiócesis de que el distrito escolar cambiaba abruptamente el proceso para esto —en ocasiones, varias veces durante el mismo año— y luego excluía a todas las escuelas cuyos documentos consideraba inadecuados.
“A primera vista, eso era ilegal”, decía el informe sobre la decisión del LAUSD de considerar sólo a 24 escuelas que sus auditores habían evaluado personalmente y de las cuales rechazaron a siete.
“El proceso era también doblemente defectuoso, porque el LAUSD se había rehusado a discutir lo relativo a los resultados de la revisión y a proporcionarle [a la arquidiócesis] la oportunidad de aportar fuentes alternativas de información sobre la pobreza, de localizar encuestas faltantes, de proporcionar las calificaciones faltantes y / o direcciones adicionales, o bien alguna otra manera de desafiar o atenuar los resultados”.
El LAUSD también exigió la devolución de $800,000 por parte de la arquidiócesis. El distrito alegó que la arquidiócesis había obtenido que se le pagara de más, mediante el uso de “datos erróneos” y advirtió que recuperaría el dinero “por cualquier medio disponible”.
En una declaración proporcionada a Angelus, un portavoz del LAUSD dijo que el distrito escolar “se esfuerza en cumplir con todas las reglas y regulaciones relativas a lo establecido por los servicios equitativos del Título I. El Distrito Unificado de Los Ángeles está revisando el informe de la investigación”.
Escala piensa que la arquidiócesis ganaría cualquier apelación, ya que el Departamento de Educación de Estados Unidos emitió recientemente un fallo similar en una controversia paralela, ocurrida entre el LAUSD y las escuelas judías de Los Ángeles.
El impacto que esto tuvo en los estudiantes empeoró en 2020 cuando la elegibilidad de las escuelas para la asistencia federal con motivo de la pandemia se vinculó a la elegibilidad del Título I, dijo Nancy Portillo, superintendente asistente de las escuelas católicas. Sólo las 17 escuelas católicas que el LAUSD había certificado para el Título I recibieron ayuda federal para proteger al personal y a los estudiantes bajo Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security o CARES (Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica para el Coronavirus o Ley CARES, por sus siglas en inglés).
