Estoy altamente preocupado por la violencia que ha tenido lugar en Minneapolis y por el ambiente de miedo e incertidumbre que prevalece aquí en Los Ángeles y en varias ciudades de todo el país, a causa de las acciones federales de control migratorio que se siguen llevando a cabo.
Mi corazón de pastor se aflige por nuestra gente y por nuestro país.
Pidámosle a Dios por quienes han perdido la vida o han resultado heridos, al igual que por la seguridad de nuestros agentes del orden, e imploremos sabiduría para nuestros líderes. Elevemos nuestra oración especialmente por nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, que se encuentran indefensos y atrapados en medio de esta batalla y con temor del futuro.
El país no puede continuar así. La labor primordial que tenemos es la de restaurar el orden y la paz en nuestras calles y la de insistir en la calma y la moderación en nuestro discurso público.
Después de la tragedia del pasado fin de semana, espero que todos los grupos involucrados en este conflicto —autoridades federales, funcionarios municipales y estatales, y aquellos que protestan contra las acciones que se han impuesto — den marcha atrás en aras del bien común. Estamos atrapados en una peligrosa pauta de retórica indignada, de provocaciones y de violencia; todo lo cual debe cesar.
No cabe duda de que el gobierno federal tiene el deber de hacer cumplir las leyes de inmigración. Pero tiene que haber una manera mejor de hacerlo.
Un punto de partida es que nuestros líderes de Washington se limiten únicamente a deportar a los delincuentes violentos o culpables de otros delitos graves. Deportar a hombres y mujeres indocumentados que contribuyen al bien de nuestra sociedad no beneficia a ninguno de los intereses nacionales y sólo hace que haya niños que se queden sin sus padres. Sin duda, podemos encontrar otra manera de hacer que estos hombres y mujeres rindan cuentas por infringir nuestras leyes.
Estados Unidos celebra este año su aniversario 250º, y aunque es difícil decirlo, lo que está ocurriendo ahora parece estar alejándonos de los valores que fueron el fundamento de nuestro país.
Estados Unidos fue la primera nación cimentada en la creencia de que los derechos humanos provienen de Dios y en que el propósito del gobierno es proteger estos derechos, es decir, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Las palabras de nuestra Declaración de Independencia no hacen distinción: dice ahí que “todos” los hombres y mujeres han sido creados iguales. Nuestros derechos no dependen de las decisiones de los funcionarios de gobierno ni de las fuerzas del orden, y no los perdemos a causa del color de nuestra piel, del idioma que hablemos, como tampoco por carecer de la documentación adecuada.
En estos momentos, nuestro gobierno parece estar tratando a los inmigrantes indocumentados —hombres, mujeres y niños— como si no tuvieran derechos. Eso no debería estar sucediendo.
La causa fundamental de la actual crisis es el sistema migratorio deficiente que prevalece en el país. Durante casi 40 años, nuestros líderes no han hecho grandes avances en el intento por reformar nuestras leyes migratorias. Inclusive en nuestros días, en que nuestras ciudades están en crisis, nadie habla seriamente de esto en Washington.
Hay un proyecto de ley bipartidista en el Congreso que, aunque no es perfecto y tiene fallas, es realista en cuanto al panorama político y debería constituir el inicio de un diálogo.
Este proyecto de ley, denominado Ley de Dignidad (Dignity Act, H.R. 4333), reformaría los procesos para obtener visas y asilo, así como también para garantizar la seguridad fronteriza y fijar las medidas de control, y establecería un sistema nacional obligatorio de verificación electrónica para los patrones, lo cual les ofrecería una posibilidad de obtener un estatus legal a los millones de personas indocumentadas que llevan cinco años o más viviendo y trabajando en el país. Les daría también un medio de obtener la ciudadanía a los 2.5 millones de “Dreamers”.
Este proyecto de ley exige que los inmigrantes indocumentados rindan cuentas por haber infringido la ley federal, y les exige que se sometan a una verificación de antecedentes penales, que paguen los impuestos atrasados que deben y les impone una multa severa.
El proyecto de ley limitaría también drásticamente las acciones de control en “áreas protegidas”, tales como iglesias, hospitales, escuelas y juzgados.
En mi opinión, en esta legislación hay muchos aspectos que podrían mejorar, pero es un punto de partida genuino y realizado de buena fe. Y pues es necesario que empecemos de algún modo, y que lo hagamos de inmediato.
La Ley de Dignidad fue propuesta el verano pasado, pero no se han celebrado las sesiones de audiencia todavía. Espero que eso cambie pronto.
Con miras al futuro, es tiempo de que volvamos a los principios básicos de nuestra nación: Somos una nación que depende de Dios y avanzamos todos juntos. Son cosas que no debemos olvidar.
Dios nos creó a su imagen y hemos de tratar a los demás de acuerdo con esta creencia. Inclusive si estamos en bandos opuestos, es necesario que hablemos y nos escuchemos mutuamente con respeto y con un espíritu de apertura para tratar de comprendernos mutuamente, y hemos de trabajar todos juntos en la búsqueda del bien común.
Oren por mí y yo oraré por ustedes, y oremos también por nuestro país.
Que nuestra Santísima Madre interceda por nosotros y reúna a nuestros líderes para encontrar una solución y un remedio a esta crisis.
