Un ataque mortal perpetrado por pandillas cerca de la capital de Haití, en el que murieron y fueron secuestradas decenas de personas, debería llevar a EE.UU. a "reconsiderar" su decisión de poner fin a las protecciones contra la deportación para cientos de miles de haitianos, declaró el arzobispo Thomas G. Wenski de Miami a OSV News.
La masacre del 23 de agosto, que tuvo lugar en la localidad de Kenscoff --situada en las afueras de la capital, Port-au-Prince--, dejó más de 47 muertos y al menos 50 personas secuestradas durante el ataque.
El Papa León XIV mencionó la masacre en su Ángelus del 30 de agosto y oró por las víctimas. "Expreso mi solidaridad y la oración con las víctimas y sus familiares, y pido que se libere sin demora a todos los rehenes", dijo el Santo Padre. "Dirijo un sincero llamamiento a todos los responsables para que se comprometan de forma concreta a garantizar la seguridad de la población y a poner fin a toda forma de violencia".
El año pasado, la misionera laica irlandesa Gena Heraty fue secuestrada en el orfanato con sede en Kenscoff que ella supervisaba y se mantuvo como rehén durante un mes antes de ser liberada.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó los últimos actos de violencia en Haití, y su portavoz señaló en un comunicado del 25 de agosto que 22 víctimas "habrían sido ejecutadas en el recinto de una iglesia donde habían encontrado refugio".
"Esto demuestra que el país no es seguro, que Haití sigue siendo una ‘casa en llamas’", afirmó el arzobispo Wenski.
Agregó que "esto debería llevar a nuestra administración a reconsiderar su decisión de repatriar a Haití a más de 300.000 haitianos" que se encuentran actualmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS), ahora revocado.
Este programa de protección contra la deportación, establecido por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990, ofrece salvaguardias contra la deportación a quienes provienen de países designados por el Departamento de Seguridad Nacional que atraviesan crisis continuas, tales como guerras y desastres ambientales. Para el año 2025, más de 330.000 haitianos en Estados Unidos contaban con la protección del TPS.
El 5 de agosto, la jueza de la Corte de Distrito de EE.UU. Ana C. Reyes confirmó el fallo de junio de la Corte Suprema que permite a la administración de Trump poner fin a la designación de TPS para Haití.
El arzobispo Wenski se refirió a un proyecto de ley reciente presentado ante el Senado que, de aprobarse, extendería el TPS para Haití hasta principios de 2029.
La legislación "se aprobaría muy fácilmente" si el presidente Donald Trump "manifestara su apoyo", afirmó el arzobispo.
Señaló que el último ataque tuvo lugar "en uno de los barrios más acomodados de Haití", lo que indica que "las pandillas obviamente están tomando el control de esa zona y aterrorizando a la población".
Al mismo tiempo, dijo el arzobispo Wenski, Estados Unidos --que insta a sus propios ciudadanos a no viajar a Haití debido al riesgo de delincuencia, secuestros, terrorismo y atención médica limitada-- está deportando a haitianos a un país en el que "estarán expuestos a la violencia de las pandillas".
"Haití es una tragedia, y lo que estamos haciendo es agravarla al intentar enviar de regreso a estas personas", dijo.
El proceso mismo de la deportación genera un sufrimiento en cadena, agregó.
Con más de 300.000 haitianos en Estados Unidos que ahora carecen de protección contra la deportación, "incluso si se envían un par de aviones a la semana, tomará varios años antes de que se logre deportar a todas esas personas", dijo el arzobispo. "Y lo que sucede mientras tanto es que han perdido sus permisos de trabajo y, en su mayoría, también sus licencias de conducir. Así que, si no pueden trabajar, no pueden pagar su renta ni comprar comida".
Los familiares en Haití que dependen de las remesas --los ingresos que envían los trabajadores migrantes para mantener a sus familias en su país de origen-- también se verán privados de los fondos esenciales necesarios para educar a los niños en esa nación caribeña, señaló.
"Esos niños no podrán ir a la escuela, lo que complica aún más la situación en Haití", dijo el arzobispo Wenski.
Mencionó que la Arquidiócesis de Miami tuvo que "deja ir a unas 45 personas que se encontraban bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), ya que legalmente no podemos contratarlas cuando se les retira su permiso de trabajo".
"La idea es hacerles la vida tan difícil que regresen a Haití", dijo el arzobispo Wenski. "Pero en realidad, allí no hay nada a lo que volver, salvo caos, más dolor y más sufrimiento".
El arzobispo Wenski señaló que, tras el ataque del 23 de agosto, había hablado con el arzobispo Max Leroy Mésidor de Port-au-Prince, presidente de la Conferencia Episcopal de Haití.
La ciudad de Port-au-Prince --cerca del 90% de la cual está bajo el control de unas 26 bandas, según la ONU-- es el "Wild West", afirmó el arzobispo Wenski.
Comentó que el arzobispo Mésidor confirmó que "la mayoría de las pandillas" se encuentran en la Arquidiócesis de Port-au-Prince, pero que "la Iglesia debe continuar con su misión tanto en los buenos como en los malos tiempos".
"Y en este momento, son tiempos muy difíciles para Haití", dijo el arzobispo Wenski.
