El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, compareció el 2 de junio ante la Subcomisión de Asignaciones del Senado para el Departamento de Seguridad Nacional, en una semana en que el Partido Republicano del Senado buscaba aprobar un proyecto de ley sobre la aplicación de las leyes de inmigración, que es motivo de preocupación para los obispos de Estados Unidos.
El testimonio del nuevo líder del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) se produjo mientras el Senado se preparaba para volver a considerar el paquete de conciliación presupuestaria que proporcionaría 72 mil millones de dólares adicionales para la aplicación de la ley de inmigración, después de que el intento del presidente Donald Trump de incluir un controvertido "fondo para armamento" de 1.8 mil millones de dólares lo paralizara el mes anterior.
En una carta del 1 de junio, el obispo Brendan J. Cahill de Victoria, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés), escribió a los principales senadores del Comité de Asignaciones expresando su esperanza de que consideraran reformas políticas clave destinadas a proteger la dignidad de los migrantes, como los esfuerzos para evitar la separación de familias.
"Independientemente de los desacuerdos que puedan surgir sobre cuestiones políticas específicas, la migración se refiere fundamentalmente al movimiento de personas, cada una de las cuales ha sido creada a imagen y semejanza de Dios", escribió. "En el curso del debate contemporáneo, esta realidad se pasa por alto con frecuencia o se descarta por completo, allanando el camino para una retórica deshumanizante y respuestas políticas que no promueven el bien común".
La carta del obispo Cahill instaba a los legisladores a garantizar los derechos religiosos de las personas detenidas por motivos de inmigración y a que se restablecieran las restricciones de larga data sobre las operaciones de control migratorio en los lugares de culto como parte de sus áreas de preocupación. También les instó a aprobar la Ley de Protección de la Fuerza Laboral Religiosa (RWPA, por sus siglas en inglés), que aliviaría algunas restricciones de inmigración para los trabajadores religiosos elegibles de otros países.
"En consonancia con nuestras comunicaciones anteriores, la USCCB sigue instando al Congreso a (1) garantizar el respeto de los lugares de culto y otros lugares sensibles en el curso de la aplicación de la ley de inmigración y (2) exigir el acceso constante a los servicios religiosos y pastorales para las personas detenidas por motivos de inmigración, independientemente del operador del centro", escribió. "Renovamos nuestra solicitud al Congreso de que condicione el uso de los fondos para la aplicación de la ley de inmigración y la detención a estos importantes objetivos".
Mullin respondió a una pregunta de la senadora Patty Murray, demócrata por Washington, sobre la política de la administración Trump con respecto a los lugares sensibles (anteriormente conocidas como áreas protegidas). La política sobre lugares sensibles anteriormente prohibía las detenciones de inmigración en lugares de culto, escuelas y hospitales, así como en otros eventos como bodas y funerales, sin la aprobación de supervisores.
"No estamos presentes de manera activa en lugares sensibles", argumentó. "A veces tenemos que detener a un delincuente que se encuentra cerca de un lugar sensible, pero no patrullamos activamente esos lugares".
En otra parte de la audiencia, Mullin tuvo tensos intercambios con algunos senadores sobre temas que incluyeron su amenaza de retirar a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de los aeropuertos en estados que la administración Trump ha descrito como "ciudades santuario", o jurisdicciones que, según ellos, no cooperan suficientemente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés). Sin los oficiales de la CBP, estos aeropuertos no podrían procesar vuelos internacionales, lo que tendría un impacto económico significativo, especialmente en el turismo y en la próxima Copa Mundial.
Los obispos de EE.UU. ya habían expresado su preocupación por algunas de las disposiciones del paquete de medidas de control migratorio propuesto.
En una carta del 15 de mayo, el arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente de la USCCB, y el obispo Cahill escribieron a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para "alentar a los miembros de ambos partidos a rechazar asignaciones de fondos partidistas y, en su lugar, volver a dedicarse a un proceso colaborativo que busque el bien común y promueva la dignidad humana y el florecimiento".
De manera similar, un grupo de obispos estadounidenses, la mayoría de la región fronteriza entre Estados Unidos y México, escribió una carta el 20 de mayo a los miembros del Congreso expresando "grave preocupación" por esa legislación.
En las primeras horas del 5 de junio --tras una maratónica sesión de votación de 18 horas--, el Senado aprobó por 52 votos a favor y 47 en contra el amplio paquete de medidas para la aplicación de las leyes de inmigración. Se trata de un paquete destinado a financiar las operaciones de control migratorio hasta 2029, el cual pasa ahora a la Cámara de Representantes. Según los informes, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Louisiana, tiene previsto aprobarlo la próxima semana.
