Defensores católicos de los migrantes y de la lucha contra el tráfico de personas expresan su profunda preocupación por los presuntos abusos sexuales sistemáticos de niños migrantes que viajaron sin compañía de un familiar adulto por parte del personal de Southwest Key Programs, un contratista privado del gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda el 17 de julio contra esta organización sin ánimo de lucro con sede en Austin, Texas, la cual proporciona alojamiento a menores no acompañados, así como servicios para jóvenes, familias y personas en busca de empleo.
Southwest Key, que gestiona 29 centros de acogida en Texas, Arizona y California, es el mayor proveedor de alojamiento para menores no acompañados en Estados Unidos, y ha recibido más de 3.000 millones de dólares en subvenciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) entre los periodos fiscales de 2015 a 2023. Los niños permanecen en estos albergues hasta que pueden reunirse con su familia inmediata, un pariente o un patrocinador investigado en medio de los procedimientos de inmigración.
La demanda del Departamento de Justicia, presentada ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, alega que Southwest Key violó la Ley de Vivienda Justa al permitir que los empleados cometieran abusos sexuales sistemáticos y acoso contra más de 100 menores bajo el cuidado de la organización sin ánimo de lucro.
Se alega que los incidentes mencionados en la demanda tuvieron lugar "desde 2015 hasta al menos 2023" e involucran a "múltiples empleados de Southwest Key", incluidos supervisores, según la demanda.
Entre los delitos enumerados en la denuncia figuran "contacto sexual y tocamientos inapropiados, solicitud de actos sexuales, solicitud de fotos de desnudos, pedidos de relaciones inapropiadas y comentarios sexuales".
El DOJ señalaba en su denuncia que "los propios documentos de Southwest Key informan de numerosos ejemplos de abusos sexuales y acoso a menores por parte de empleados".
En un caso, una adolescente denunció haber sido violada, maltratada y amenazada repetidamente por un supervisor de Southwest Key durante su estancia en 2019 en un centro de Channelview, Texas. Finalmente consiguió pasar una nota a un profesor sobre los abusos del supervisor de turno, escribiendo: "El puede hacer lo que se la plaza porque es chiflider el manda".
Otro informe de Southwest Key detalla los malos tratos de un trabajador de 2022 a tres niñas -de 5, 8 y 11 años- en un centro de acogida de El Paso. El trabajador amenazó con matar a las familias de las menores si revelaban los abusos.
Múltiples informes de Southwest Key documentaron el caso de 2020 de un trabajador de la agencia que llevó a un chico de 15 años a un hotel de Arizona durante varios días, pagando al adolescente por actos sexuales. En 2022, el trabajador se declaró culpable ante el tribunal de un delito grave de intento de conducta sexual con un menor.
El Departamento de Justicia dijo que Southwest Key no previno ni tomó medidas suficientes contra tales abusos, "a pesar de que ORR ha emitido múltiples acciones correctivas a Southwest Key".
Katie Boller Gosewisch, directora ejecutiva de la Alianza para Acabar con el Tráfico Humano -un grupo de defensa contra el tráfico fundado por religiosas estadounidenses -- dijo a OSV News que estaba "profundamente preocupada" por las acusaciones contra Southwest Key.
"La seguridad y el bienestar de las poblaciones vulnerables, en particular los niños, siempre debe ser nuestra principal preocupación", dijo Gosewich. "La gravedad de estas acusaciones ponen de manifiesto un perturbador abuso de la confianza y el deber de cuidado que, como sociedad, debemos a quienes buscan refugio y protección".
El "patrón profundamente preocupante de mala conducta que abarca múltiples estados e instalaciones ... exige una acción inmediata y decisiva para proteger a estos niños vulnerables de un daño mayor", escribió Aimée Santillán, analista de políticas del Hope Border Institute en El Paso, Texas, en un boletín informativo del 23 de julio para esa organización.
Hille Haker, catedrático de Teología Moral Católica de la Universidad Loyola de Chicago y co-editor de "Unaccompanied Migrant Children: Social, Legal and Ethical Perspectives", dijo a OSV News que la demanda del Departamento de Justicia es sólo un comienzo para abordar el problema.
"La falta de respuesta de Southwest Key (sobre algo que) ha estado sucediendo durante tanto tiempo plantea muchas preguntas que necesitan ser completamente ... investigadas", dijo a OSV News, añadiendo que Southwest Key tiene que ser "tener una auditoría completa".
Haker dijo que su preocupación inmediata era "cuán vulnerables son los niños que se envían allí en este momento".
"¿Por qué no cerraron al menos las instalaciones en las que se produjeron abusos o agresiones, se tomaron fotos, se traficó con ellos?", preguntó. "¿Por qué pudo continuar eso durante tanto tiempo?".
El secretario del HHS, Xavier Becerra, dijo en el anuncio de la demanda del Departamento de Justicia el 18 de julio que su agencia tiene "una política de tolerancia cero para todas las formas de abuso sexual, acoso sexual, comportamiento sexual inapropiado y discriminación", y que el HHS trabajará con el Departamento de Justicia y otras agencias para responsabilizar a Southwest Key.
"Y continuaremos evaluando de cerca nuestra asignación de niños a programas de cuidado para garantizar la seguridad y el bienestar de cada niño bajo custodia del HHS", dijo Becerra en la declaración del Departamento de Justicia.
Sin embargo, tanto Haker como Santillán señalaron una amplia erosión de las protecciones para los menores no acompañados.
Santillán citó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de junio de 2021, de revocar las licencias estatales para los centros de cuidado infantil que contratan con el gobierno federal para albergar a inmigrantes indocumentados.
"La revocación de licencias por parte de Texas, supuestamente en respuesta al aumento de cruces fronterizos, ha creado un vacío de supervisión que ha exacerbado el problema", escribió Santillán.
Haker dijo a OSV News que el hecho de que la Administración Biden haya puesto fin al Acuerdo Flores -- que en 1997 estipuló los términos y condiciones bajo los cuales el gobierno federal puede retener a los niños migrantes -- supone un riesgo adicional, a pesar de que la administración haya sustituido el acuerdo por una norma.
Haker dijo que el gobierno argumentó que había transformado Flores en "una regulación más estricta".
"Pero no estoy del todo segura de cómo lo harán", dijo, cuestionando si la nueva norma, en vigor desde el 1 de julio, "se aplica realmente a todos estos institutos u organizaciones de acogida privados y sin ánimo de lucro como Southwest Key".
Santillán escribió que "la respuesta de Salud y Servicios Humanos debe ir seguida de acciones concretas".
"Debemos actuar con decisión para desmantelar las estructuras que permitieron que prosperaran tales abusos y construir un sistema que realmente salvaguarde los derechos y la dignidad de todos los niños bajo su cuidado", escribió.
Gosewich señaló que la Alianza para Acabar con la Trata de Seres Humanos pide a las autoridades competentes que investiguen a fondo las denuncias y, si se demuestra que son ciertas, exijan responsabilidades a los culpables.
"Esta demanda pone de manifiesto la urgente necesidad de una supervisión y rendición de cuentas rigurosas en los centros que acogen a niños migrantes", dijo Gosewisch, añadiendo que la organización está pidiendo "salvaguardias y protecciones más fuertes para evitar que ocurran incidentes tan atroces".
"Todos los niños merecen un entorno seguro y de apoyo", dijo, "y es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que se respeten sus derechos y su dignidad".
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Gina Christian es reportera multimedia de OSV News.
